Presidencia envía al Congreso proyecto de Ley de prevención y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública

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Hernán Hutteman, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y René Fernández, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción. GENTILEZA

El proyecto de Ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la Función Pública fue firmado por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Incluye como sujetos obligados desde el presidente de la República, miembros del Congreso, ministros de la Corte Suprema, asesores presidenciales, ministros del Poder Ejecutivo hasta funcionarios que por facultad decisoria tienen procesos administrativos en los que se ven comprometidos el patrimonio del Estado.

El Ejecutivo presentó el proyecto normativa durante una conferencia de prensa realizada por los ministros Hernán Hutteman, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y René Fernández, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en Palacio de Gobierno.

“Venimos a comunicar que el presidente de la República firmó el proyecto de Ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la Función Pública. Esto incluye al presidente de la República, miembros del Congreso, a los ministros de la Corte Suprema, asesores presidenciales, ministros del Poder Ejecutivo, es decir, todos los altos funcionarios y también a todos los funcionarios que por facultad decisoria que tienen procesos administrativos en los que se ven comprometidos el patrimonio del Estado, son sujetos obligados y tendrán el deber de presentar una Declaración Jurada de Intereses, en la que van a explicitar cuáles son esos intereses –de cualquier índole- que pudiesen incidir a la hora de tomar una decisión”, informó el ministro Hutteman.

DECLARACIÓN JURADA

Expresó que el proyecto prevé en primer lugar la presentación de la Declaración Jurada y conductas prohibidas, como participar en cualquier sociedad comercial.

“Como primera medida está la presentación de la Declaración Jurada, también se establecen conductas prohibidas para los funcionarios públicos, como participar de cualquier sociedad comercial que opere en el ámbito en el que uno tiene algún tipo de poder de decisión o competencia. También se prevé la prohibición de que uno pueda ser proveedor del Estado, o a través de terceros, dentro de ese ámbito del que uno tiene competencia, poder de decisión o supervisión”, detalló el ministro Hutteman.

DEBERES DE ABSTENCIÓN

El  jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República destacó que el documento incluye igualmente deberes de abstención para los funcionarios del Estado.

“Se prevé asimismo deberes de abstención para los funcionarios públicos, en procesos en los que participen empresas del que uno fue parte, de personas a quienes uno le prestó algún servicio profesional o con quien uno tiene un pleito; es decir, lo que sucede hoy con los magistrados en sus deberes de excusarse, eso mismo se trasladaría a los funcionarios públicos”, añadió.

El secretario de Estado refirió asimismo que el proyecto de Ley establece límites al funcionario que ingresa a la Función Pública y accede a datos privilegiados que puede utilizar para otros fines a su egreso como en el caso denominado como “la puerta giratoria”.

“También por primera vez se prevén límites al egreso de la Función Pública. Esto se discute mucho en otros países, el famoso caso de “la puerta giratoria”, cuando uno ingresa a la Función Pública, accede a mucha información privilegiada que luego utiliza para otros fines, cuando apenas sale de la Función Pública. El límite se establece en la Ley”, especificó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

FACULTADES DEL PRESIDENTE

Hutteman aseveró que también se establece la facultad que tendrá el jefe de Estado y titulares de otros poderes del Estado, para investigar los vínculos de las personas antes de que sean nombradas.

“También tenemos en el proyecto la facultad que tendrá el presidente de la República y los titulares de otros poderes del Estado, de consultar a la Secretaría Nacional Anticorrupción sobre los vínculos que tienen las personas, antes de nombrarlas. Esto no implica que el funcionario no sea nombrado, sino tener claro cuáles son sus vínculos, sus relaciones y cómo eso puede incidir a la hora de tomar una decisión”, puntualizó.

También informó que el proyecto define que las autoridades de aplicación serán la Secretaría Anticorrupción en el ámbito del Ejecutivo y la Contraloría General de la República para las gobernaciones, municipalidades y otros organismos.

“En cuanto a las autoridades de aplicación, se establece que sea la Secretaría Nacional Anticorrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo; la Contraloría General de la República, en lo que respecta a las gobernaciones, municipalidades, universidades y organismos no gubernamentales, porque también se establece la obligación que uno declare cuáles son los vínculos que tiene con organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y no solamente respecto al paso que uno tiene con el sector privado y público. Cuáles son las relaciones que tiene con éstas organizaciones y muchas veces también inciden en la toma de decisión”, significó el ministro Hernán Hutteman.

SANCIONES

A su vez, el ministro René Fernández, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), destaco que el proyecto prevé un aspecto sancionatorio ante el incumplimiento de las obligaciones.

“También existe un aspecto sancionatorio en cuanto al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el proyecto de Ley. En ese sentido, por un lado, estando establecida la obligación de la formulación de las declaraciones juradas respecto a los vínculos, a las sociedades en las que se participó ya sea como propietario accionista; los vínculos de parentesco; vínculos gremiales por parte del funcionario, el órgano de aplicación en ese punto es la Contraloría General de la República”, enfatizó.

Resaltó que la presentación de una Declaración Jurada tardía, falsa o con datos falsos, puede ser sancionada con hasta 200 jornales mínimos e inhabilitación para cumplir funciones públicas de hasta 5 años.

“En caso de no ser presentada la Declaración Jurada o haya sido presentada en forma tardía, en la que se establece como plazo máximo 15 día posteriores al ingreso a la Función Pública y 15 días con posterioridad al egreso, o también en caso de que sea formulada una Declaración falsa, ya sea por reticencia o por formulación de datos falsos, en ese caso hay una sanción que puede llegar hasta 200 jornales mínimos y una inhabilitación para cumplir funciones públicas de hasta 5 años”, remarcó el ministro de la SENAC, René Fernández.

VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA POR HUTTEMAN Y FERNÁNDEZ

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