Ministro de la Corte es denunciado ante Anticorrupción por despojo de 310 mil hectáreas de tierra

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Ante la Secretaría Anticorrupción, el abogado Jorge Rolón Luna, presentó una denuncia de actuaciones irregulares del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien habría operado contrariamente a las normativas legales resolviendo su propia recusación en el marco de un litigio de tierras en zona de Seguridad Fronteriza valorados en 500 millones de dólares americanos.

El doctor Jorge Rolón Luna, representante de la Asociación del Espíritu Santo, presentó ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde el titular es René Fernández. En el escrito señalan los antecedentes del proceso donde están en juego más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en la denominada Franja de Seguridad Fronteriza, en zona del Chaco Paraguayo, y donde para cerrar un proceso judicial viciado de irregularidades, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, habría violado las normas jurídicas para no analizar el expediente que cede el terreno en cuestión a empresas offshore de Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

“Contiene un relatorio detallado de esta causa, desde sus inicios, y que compromete de manera muy clara la labor del Poder Judicial, ya que ha habido sentencias claramente violatorias de la Ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho, hay una magistrada destituida, hay otros magistrados investigados en la causa, y finalmente una actuación contraria a la Ley de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que han estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal que rige este tipo de casos”, comentó el doctor Rolón Luna.

Explicó que se comunica a la SENAC porque eventualmente el Poder Ejecutivo podría tener una intervención en este caso, porque “de continuar estos hechos de corrupción deberá intervenir y advertimos que esa intervención se dará en sentencias nulas y en violación a la Ley”.

Recordemos que parte de las tierras en litigio serán donadas por la Asociación Espíritu Santo en favor del Estado para fines de la reforma agraria en zona de Puerto Casado. Sin embargo, grupos de empresas offshore pujan para quedarse con estas tierras, con la presunta intención de beneficiarse de una expropiación.

JUICIO POLÍTICO

El abogado objetó la actuación del ministro y presidente de la CSJ, Antonio Fretes, y comentó que, si bien la parte a la que representa no plantea un juicio político, señaló que no se descarta porque existen los presupuestos configurados para tal proceso.

“Desde el momento en que se configura el mal desempeño, la posibilidad de un juicio político para funcionarios que son pasibles de juicio político, eso es una herramienta disponible. Tomar una decisión en el ámbito de sistema de justicia contrariando el texto expreso de la Ley de llama prevaricato, y prevaricato es mal desempeño, y mal desempeño es causal de juicio político”, refirió Jorge Rolón Luna.

El abogado remarcó que el ministro Fretes, recusado y con causa, estudio y resolvió su propia recusación.

“Es una conducta absolutamente antirrepublicana. Además, de una perspectiva ya más política, implica que un funcionario se arroga poderes que no tiene, vulnera el principio básico de funcionamiento de los Estados y la democracia moderna como el principio de legalidad. Los actos de los agentes del Estado tienen que estar permitidos por la Ley, únicamente permitidos”, reiteró el denunciante.

ANTECEDENTES

Recodemos que la abogada y exjueza de Primera Instancia, Tanía Irún, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras constatarse irregularidades en la sesión de transferencia de 310.000 hectáreas de tierra a empresas offshore, violando la Ley de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, ahora soporta un proceso penal y está imputada por prevaricato.

El doctor Rolón Luna destaca que en segunda instancia la Cámara de Apelaciones volvió a obviar lo establecido por la Ley de Seguridad Fronteriza, y ratificó la transferencia de tierras a las empresas extranjeras. Es ahí cuando la Asociación del Espíritu Santo, a través de sus abogados, presentan acciones ante la máxima instancia judicial, entre ellas la apelación, y la recusación contra uno de los miembros de la Sala Constitucional, el ministro Antonio Fretes.

Fretes resolvió su propia recusación, para que luego se rechace la apelación al fallo in limine, con los votos de Fretes y César Manuel Diesel Junghanns. Todo esto fue puesto a conocimiento de la Secretaría Anticorrupción, como encargado de llevar adelante la Política Nacional de Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

“Tomando en cuenta que el propio Poder Judicial ha firmado convenios (con la SENAC) en el marco de la Estrategia Anticorrupción, podemos a conocimiento de estos graves hechos de la Secretaría. Además, esto de continuar su curso y no ser resuelto como corresponde, o sea anulado estos actos productos de sentencias contrarias al texto expreso de la Ley, conllevarán la intervención del Poder Ejecutivo, y cuando esto ocurra ya hemos puesto a conocimiento de la SENAC de estos actos”, comentó el abogado Rolón Luna.

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