Ministerio Público cuestiona el blanqueamiento al diputado colorado Tomás Rivas

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Diputado colorado Tomás Rivas. GENTILEZA ÚH

El fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, cuestionó fallo del Tribunal de Sentencia, tras el sobreseimiento definitivo al diputado Tomás Rivas Benítez en relación al caso concido como Caseros de Oro.

Para sorpresa de la Fiscalía, incluso de la misma defensa, el Tribunal resolvió de oficio declarar la extinción de la causa, otorgando el sobreseimiento definitivo al legislador, quien afrontaba un proceso por estafa.

Esta determinación fue tomada pese a la oposición del Ministerio Público y la acusación sostenida por el fiscal a cargo de la investigación.

Esta decisión se habría tomado luego de que el acusado haya resarcido el perjuicio patrimonial que, si fue ocasionado, y que para el fiscal de la causa es independiente al proceso impulsado por el Ministerio Público.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los magistrados, Héctor Capurro, Cándida Fleítas y Juan Carlos Zárate Pastor. Aunque es importante aclarar que Fleitas fue el magistrado que votó en disidencia.

El agente fiscal Luis Piñánez, manifestó su indignación ante el fallo del Tribunal y sostuvo que, no se dieron las condiciones para la extinción de la acción penal.

Además, planteó un recurso de reposición, alegando que el acuerdo utilizado para el efecto, no fue firmado por la Procuraduría General de la República, sino por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien no es parte del proceso.

El supuesto acuerdo fue firmado en el cual fue establecido que la Cámara Baja no tiene objeciones contra el acusado, atendiendo que éste, depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la cámara de Diputados.

Asimismo, el fiscal recordó que los caseros de Rivas ya fueron condenados en otro juicio, remarcando de esta manera que los hechos y el daño existieron.

El año pasado la Justicia había condenado a Reinaldo Chaparro con una pena de 3 años de prisión, mientras que Nery Franco González y Lucio Romero Caballero, 2 años y medio.

En el juicio se probó que los tres nunca acudieron a la Cámara Baja a cumplir las funciones para las que fueron contratados, pero seguían cobrando.

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