Jueza firmó cheque por G. 3.466 millones tras su destitución

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En la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) del 9 de noviembre del 2021 fue analizada la causa Nº 194/18, caratulada: “Abg. TANIA CAROLINA IRÚN, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15° Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ Enjuiciamiento”. Por mayoría de votos, el Pleno resolvió destituir del cargo a la mencionada magistrada, al comprobarse durante el proceso de su enjuiciamiento que incurrió en mal desempeño de sus funciones.

Sin embargo, a pesar de que la misma ya haya sido destituida de su cargo por parte del JEM, la exmagistrada el 11 de noviembre del 2021 firmó una orden de pagó por valor de G. 3.466 millones en un juicio caratulado “Banco Nacional de Fomento c/ María Perla Barrios de González y Otros s/ Ejecución Hipotecaría”.

Tania Irún, ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción.

El documento firmado por Irún a los dos días de su destitución está dirigido a la Contaduría General de los Tribunales, donde ordena la generación del cheque. Fuentes judiciales informaron que serían varios los cheques generados por la magistrada tras la fecha de su destitución por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, objetando la determinación desde el punto de vista ético, ya que se presume que la exjueza Irún ya debía de tener información acerca de la resolución de su causa.

Tania Carolina Irún Ayala, de 44 años de edad, ingresó a la función pública el 17 de abril del 2021, según datos de la Secretaría de la Función Pública. Llegó a ocupar el cargo de jueza de Primera Instancia con un salario mensual de G. 17.806.000.

El Ministerio de Hacienda detalla que en concepto de sueldo percibía G. 14.181.000 al mes, y en concepto de Gastos de Representación otros G. 3.625.000.  El ingreso anual como que tenía Irún como magistrada llegó en el 2021 a G. 231.478.000.

Recordemos que tras su destitución, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, presentó imputación contra Tania Carolina Irún Ayala por el hecho punible de prevaricato. La misma habría firmado una sentencia en supuesta contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza cediendo a empresas offshore unas 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco ubicada en Zona de Seguridad Fronteriza.

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