Exjueza trabó audiencia y argumenta que no violó la ley a pesar de informes reveladores

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La exmagistrada Tania Irún, imputada por el supuesto hecho punible de prevaricato, debió de presentarse en la mañana de este lunes ante el juez Yoan Paul López para su audiencia de imposición de medidas. Sin embargo, su defensa planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio para alargar el proceso penal. Ahora el documento está en la Cámara de Apelaciones.

Para las 10.00 de la mañana de este lunes el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, había marcado audiencia de imposición de medidas para Tania Carolina Irún, ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, que está imputada por el hecho punible de prevaricato en el marco de la investigación de la cesión presuntamente irregular a empresas offshore de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

Sin embargo, la defensa de Irún presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio, atacando una presunta cuestión de fondo, indicando que la exmagistrada (Destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia) no habría violado la Ley de Seguridad Fronteriza (LSF) Nº 2532/05 porel cual el Estado paraguayo estableció una Zona de Seguridad Fronteriza (ZSF).

“El requerimiento de imputación no se ha mencionado que haya existido una violación como lo expresa la ley de seguridad fronteriza numero 2532 que establece que los ciudadanos de países limítrofes no pueden ser propietarios de inmuebles ubicados a 50 kilómetros de la zona de fronteras y en caso de persona jurídica no podrían ser accionistas mayoritarios de sociedades que sean propietarias de inmuebles en dicha zona geográfica. La mencionada leyt no establece la investigación previa que dice la representante del Ministerio Publico que es la violación de seguridades fronteriza. La mencionada ley es solamente para ciudadanos de los países limítrofes y en el proceso en cuestión los litigantes eran personas jurídicas que no tenían su domicilio ni siquiera en América del Sur”, dice el escrito presentado por la exjueza.

Sin embargo, el Artículo 4°. dice: Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.

Las presuntas empresas offshore beneficiadas por Tania Irún en el proceso de litigio de las tierras por un supuesto préstamo falso son Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, que fueron creadas en paraísos fiscales y que no cumplirían estándares de manejo administrativo y comercial como lo requiere la legislación nacional.

ESPERA

“La providencia no quedó firme y sobre el punto existen precedentes en el Tribunal de Apelación de que efectivamente la providencia de que tratándose una persona no privada de libertad es llamado a estudio de medidas cautelares debe quedar firme para que pueda ser realizada, en este caso el juzgado resolvió el recurso de reposición en el sentido de rechazar el pedido de la defensa, pero existiendo una apelación subsidiaria y por ley debe ser remitida al Tribunal de Apelación en forma subsidiaria”, comentó el juez López tras la chicana de Tania Irún para trabar el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas.

Ahora, hasta que el la Cámara de Apelaciones resuelva lo planteado por la defensa de la exjueza, no se podrá fijar una nueva fecha para la audiencia.

Recordemos que el 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3, y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 4, Natalia Fuster, presentó imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación que la  Representación Fiscal no desconoce el pensamiento y teoría referente a que los magistrados no pueden ser sospechados de prevaricato cuando esto surja a partir de sus opiniones en los fallos judiciales dictados, pero en el presente caso, no se trataría únicamente de la opinión de la jueza Tania Irún, sino que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Asimismo, remarca los antecedentes como el de la sentencia definitiva del 9 de noviembre de 2021, donde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió remover del cargo a Irún por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones en el marco del juicio ‘Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investiments Limited y Elite Kingdom Investiments en contra de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación Mundial del Cristianismo’, donde se entregaron de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras a empresas offshore de capital extranjero, y como prueba figura el resultado de la pericia georreferenciada donde se confirma que la magistrada entregó inmuebles que están dentro de la franja de seguridad fronteriza, violando así la Ley N° 2532/05 que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay.

Además, se le suma a esto que el 16 de diciembre del 2021 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo efectiva la resolución del JEM por la que se procedió a la remoción de Tania Irún del cargo de jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15° Turno de la Capital.

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