Exjueza tendrá audiencia tras revelarse informes de Chipre que la comprometerían aún más

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Mañana a las 10.00 la ex jueza Tania Irún, imputada por prevaricato, deberá presentarse ante el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, para la audiencia de imposición de medidas. En estos días se hizo público el Acta de Constitución de la empresa Kyveloria Limited, una de las firmas beneficiadas con la cesión de 310 mil hectáreas de tierras a empresas offshore por parte de la exjueza, y complicaría aún más la situación procesal de la ex magistrada ya que se revela que podrían generar riesgos en la soberanía de las tierras en zona de Seguridad Fronteriza.

La exjueza Tania Irún y el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López. GENTILEZA

Este lunes 18 de abril a las 10.00 está fijado la audiencia de imposición de medidas para la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, Tania Irún, quien se encuentra imputada por el supuesto hecho punible de prevaricato. El Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Yoan Paul López, es donde se encuentra el expediente en cuestión.

En estos días santos se hizo público que la represente del Ministerio Público, Natalia Fuster, recibió un informe desde la República de Chipre que detalla datos acerca de la empresa Kyveloria Limited, una de las firmas que fueron beneficiadas con la resolución que le costó su remoción del cargo a la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Carolina Irún. Recordemos que la misma había ordenado la cesión de 310 hectáreas de tierras del Chaco (protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza) a presuntas empresas offshore, como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom.

Estas firmas, presuntamente relacionadas con el imputado Preston Moon (hijo desheredado del líder de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Sun-Myung Moon), reclaman un préstamo aparentemente falso a la Iglesia de la Unificación de Paraguay para quedarse con los bienes del movimiento religioso, entre ellas las tierras del Chaco.

Como mencionamos, el informe de Chipre complicaría más la situación procesal de la exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato, ya que el Acta de Constitución de la empresa Kyveloria Limited y sus manejos financieros no se ajusta a las normativas nacionales en materia de resguardar un recurso genuino de la República del Paraguay, como lo es la tierra.

Es importante entender que por medio de la Ley de Seguridad Fronteriza (LSF) Nº 2532/05 el Estado paraguayo estableció una Zona de Seguridad Fronteriza (ZSF) en un área comprendida por una franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio paraguayo.

En su artículo 4 menciona que serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.

Sin embargo, la empresa beneficiada por Irún, según el Acta de Constitución de la empresa Kyveloria Limited, manejarían acciones no registrables y endosables, según explicaciones de fuentes fiscales.

Señala que el director de la empresa podrá organizar desde Chipre o desde cualquier lugar del extranjero los negocios de la firma. Aclara que las acciones se pueden vender como lo deseen los poseedores, bajo cualquier instrumento que los directores reconozcan, y no son nominativas.

Además, un elemento no menor dentro del análisis de los documentos remitidos desde Chipre es que, según el abogado Selma Moreno, además que los manejos administrativos de Kyveloria no se ajustan a las normativas de la Ley 2532, también se contradice lo establecido en el Código Civil Paraguayo, que establece el requerimiento de certificación auténtica o acto auténtico para transferencia de títulos, formalidades que por mismo estatuto no tiene la empresa beneficiada por Tania Irún.

De esta forma y por las revelaciones de los documentos que la Fiscalía recibió desde la isla del Mediterráneo Oriental, la situación procesal de la exjueza se vería aún más complicada, sumando así más elementos de prueba.

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