“El presidente de la CSJ Antonio Fretes violó la Ley”

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Dr. Antonio Fretes, ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sorprendió con la emisión del A.I. N° 06 del 1 de febrero de 2022. Es que el propio miembro de la sala, doctor Antonio Fretes, hoy presidente de la máxima instancia judicial, habría analizado y resuelto incidente de recusación con causa en su contra, según denunció Evaristo Fernández, miembro de la Asociación Espíritu Santo.

“Es decir el propio ministro analizó, estudió, resolvió y rechazó la recusación planteada en su contra sin haberse realizado el trámite previsto en el Artículo 31 y concordantes del Código Procesal Civil, lo cual torna a dicho acto procesal en un acto nulo”, señala el texto compartido en PDS.

Además, agrega claramente que “es sabido que un juez (en este caso ministro) no puede estudiar ni resolver su recusación, al haberlo hecho. El ministro Antonio Fretes violó la ley”.

En el mismo sentido, Fernández explica que para que una resolución sea válida debe de haber sido dictada por un juez competente (Art. 16 Constitución Nacional).

“Un juez competente es aquel que se encuentra en el pleno ejercicio de sus funciones legales y que esas funciones no estén interrumpidas por ninguna circunstancia, situación que fue violada en la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Espíritu Santo por parte del ministro Fretes ya que el mismo se encontraba recusado en la presente acción y esto lo inhabilitaba para suscribir la resolución”, argumentó.

El A.I. N° 06 que donde Fretes estudia y rechaza su recusación el 1 de febrero de 2022, y A.I. N° 07 donde se da el rechazo in limine de una acción de inconstitucionalidad también es del 1 de febrero de 2022.

Este hecho ya había sido denunciado por el abogado Jorge Rolón Luna, y en el texto de denuncia agrega también que La intervención del Dr. Antonio Fretes como miembro de la Sala Constitucional para resolver su propia recusación y rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad a través del A.I. N° 06 y A.I. N° 07, respectivamente, torna a dichas resoluciones nulas y violan la Ley en el Art. 31 del Código Procesal Civil, atentando contra el Estado de Derecho.

“Las nulidades absolutas son aquellas que afectan al orden público, impiden que pueda dictarse una sentencia válida, no son convalidables y pueden (y deben) ser declaradas de oficio”, menciona el denunciante.

El abogado Rolón Luna había presentado un requerimiento para que el pleno de la máxima instancia judicial analice el expediente donde irregularmente la exjueza Tania Irún había cedido 310 mil hectáreas de tierra protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

En ese sentido el denunciante concluye diciendo que la CSJ debe de corregir este grave hecho antijurídico ejecutado por Fretes.

“Han sido dictadas en contra de lo que establecen las normas causando un daño irreparable a nuestro mandante, dejándolo en indefensión al violarse sus garantías procesales, razón por la cual son nulas y así deben ser declaradas por la Corte Suprema de Justicia.”, concluyó.

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