Anticorrupción remite denuncia contra Antonio Fretes al Consejo de Superintendencia

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La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) tomó la determinación de remitir los antecedentes de una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. El documento detalla actuaciones presuntamente irregulares y contrarias a las normas jurídicas por parte del mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes.

René Fernández, ministro Anticorrupción

El ministro secretario ejecutivo de la SENAC, René Fernández, firmó la resolución anexada de una copia autenticada del expediente al Consejo de Superintendencia, en atención a la potestad disciplinaria y de supervisión de dicho órgano.

La denuncia ante la SENAC objetó la actuación del ministro y presidente de la CSJ, Antonio Fretes, ha estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal. Esto se dio en el en el marco de un litigio de tierras en el Chaco valorados en US$ 500 millones, que ya le costó el cargo e imputación a la exjueza Tania Irún, por actuar en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza.

De esta forma, la instancia del Poder Judicial deberá verificar las actuaciones del mismo ministro de la Corte, por información de hechos dadas por un estamento importante del Poder Ejecutivo como la SENAC, encargada de la promoción y control de políticas públicas en la lucha contra la corrupción. Además, teniendo en cuenta el relato una actuación de un ministro del Poder Judicial contrariando el texto expreso de la Ley, que se podría calificar como mal desempeño, y mal desempeño es causal de juicio político.

Recordemos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sorprendió con la emisión del A.I. N° 06 del 1 de febrero de 2022, donde el miembro de la sala, doctor Antonio Fretes, hoy presidente de la máxima instancia judicial, habría analizado y resuelto incidente de recusación con causa en su contra. El Jorge Rolón Luna, presentó la denuncia y calificó el hecho como un caos jurídico.

Además, como representante de la Asociación del Espíritu Santo, presentó ante la Secretaría Nacional Anticorrupción un escrito en que señalan los antecedentes del proceso donde están en juego más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en la denominada Franja de Seguridad Fronteriza, en zona del Chaco Paraguayo, y donde para cerrar un proceso judicial viciado de irregularidades, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, habría violado las normas jurídicas para ceder el terreno en cuestión a empresas offshore de Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

“Contiene un relatorio detallado de esta causa, desde sus inicios, y que compromete de manera muy clara la labor del Poder Judicial, ya que ha habido sentencias claramente violatorias de la Ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho, hay una magistrada destituida, hay otros magistrados investigados en la causa, y finalmente una actuación contraria a la Ley de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que han estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal que rige este tipo de casos”, comentó Rolón Luna sobre la denuncia.

ANTECEDENTES

“La Corte Suprema de Justicia no ha estudiado y ameritan su estudio y su determinación en cuanto a su validez, a su legalidad, a su legitimidad, en cuanto que contradictoriamente, como he dicho, si bien no ha estudiado, ha rechazado estudiar el recurso y la acción, tenemos el caso de estas sentencias que son nulas por haber sido dictadas en contra del texto expreso de la Ley, tienen a la jueza de Primera Instancia que lo dictó destituida e imputada hoy día”, refirió el abogado.

Antonio Fretes, ministro de la CSJ

La Corte Suprema de Justicia había ratificado por nueve votos a cero la destitución de la ex jueza en lo Civil y Comercial, Tanía Irún, luego que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) haya constatado irregularidades en la sesión de transferencia de 310.000 hectáreas de tierra a empresas offshore, violando la Ley de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, ahora soporta un proceso penal.

Los miembros de la Cámara de Apelaciones, integrado por Miguel Ángel Rodas, Stella Maris Zarate y Antonia López, había avalado la decisión de Irún y la defensa de la Asociación de Espíritu Santo para la Unificación Mundial del Cristianismo, había presentado una apelación, y el caso fue derivado a la Corte Suprema de Justicia para su estudio en tercera instancia.

Sin embargo, uno de los ministros de la CSJ fue recusado por los abogados de la Asociación Espíritu Santo, pero este mismo resolvió su recusación y rechazó la acción. Se trata del ministro Antonio Fretes.

“No se siguió el trámite previsto en la Ley, cualquier persona que nunca estudio derecho sabe que uno no puede ser juez de su propia causa, no puede determinar si uno es competente o no en una recusación, porque esté en juego muchas veces de algún interés en el pleito, de preopinión, que finalmente atentan contra la imparcialidad, que es un valor importantísimo cuando los órganos de justicia administran eso tan sagrado en una sociedad. Eso es inadmisible aquí y en Noruega”, comentó el abogado Jorge Rolón Luna.

El profesional de Derecho además remarca la necesidad de que la máxima instancia judicial estudie el caso, pues teniendo en cuenta los antecedentes, la misma CSJ cae en una constraducción.

“Tienen también como antecedentes previos que en esa destitución (de Tania Irún) opinaron y votaron a favor de la destitución dos ministros de la Corte (Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis M. Benítez Riera). También la Corte, al pedido de reconsideración de esta misma magistrada, por 9 votos a cero rechaza esa reconsideración, deja firme la destitución, con lo cual tenemos otra contradicción, sino contra los mismos firmantes de esta resolución que nos ha dicho que este recurso no ha podido ser admitido”, remarcó Rolón Luna.

Por último, el doctor Rolón Luna resaltó que este tipo de acciones puede generar un desequilibrio en el orden jurídico. “Esto también tiene como objetivo dejar sentada la postura de nuestros clientes, que esto puede generar un caos jurídico importante”, señaló.

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