A un mes, Tribunal de Apelaciones no destraba proceso contra exjueza

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La Cámara de Apelaciones hace un mes que no resuelve recurso dilatorio presentado por la exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato.

La Cámara de Apelaciones integrada por Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, hace un mes que tiene en su poder el recurso dilatorio planteado por la defensa de la exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato por la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster.

Mientras el colegiado no se expida el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López no podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas, donde se deberá resolver si la destituida e imputada exjueza es beneficiada o no con medidas alternativas a la prisión. Mientras, los plazos de investigación se acortan, atendiendo que al Ministerio Público se le otorgó cuatro meses para presentar un requerimiento conclusivo. 

Esta causa contra la destituida magistrada sigue un proceso lento en los tribunales, ya que recordemos que la agente fiscal de la Unidad Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación por prevaricato el 31 de enero del 2022.  

Pasado un par de meses, finalmente el juez Penal de Garantías Yoan Paul López admitió la imputación contra Irún el 6 de abril del 2022 y fijó para el 18 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares, que finalmente no se pudo desarrollar por el recurso dilatorio presentado por la procesada exfuncionaria judicial. 

López, resolvió la impresión del trámite correspondiente para la apelación en subsidio de la impugnación planteada, y remitió al Tribunal de Apelaciones. 

Sin embargo, a un mes, los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete aún no resuelven el planteamiento de la defensa de la imputada.

DESTITUCIÓN  

El 9 de noviembre del 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de su cargo a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún tras comprobarse que la misma incurrió en mal desempeño de sus funciones, al otorgar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas offshore. 

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del JEM, e incluso el pleno de la máxima instancia judicial, por mayoría absoluta, rechazó las reconsideraciones realizadas por la exjueza.  

IMPUTACIÓN

Según el acta de imputación, la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún quien no habría corroborado los datos precisos de la identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la Republica del  Paraguay.

La Fiscalía sostiene que la exjueza debía tener conocimiento de los datos mencionados precedentemente a fin de confirmar o descartar lo establecido en la ley N° 2532/05, ya que los inmuebles que son objeto del juicio, se encuentran ubicados en la Zona de Seguridad Fronteriza, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal y el expediente civil; como ser informes del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza, la Secretaria Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos.

Tras analizar todos los antecedentes, la fiscal Natalia Fuster presentó imputación contra la exjueza por el hecho punible de prevaricato en calidad de autora. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la imputada, y algunas reglas como prohibición de salir del país; presentarse a firmar el libro de Comparecencia del Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes; residir en un lugar determinado; y una caución real suficiente.

La fiscala Natalia Fuster menciona en el acta de imputación que la  Representación Fiscal no desconoce el pensamiento y teoría referente a que los magistrados no pueden ser sospechados de prevaricato cuando esto surja a partir de sus opiniones en los fallos judiciales dictados, pero en el presente caso, no se trataría únicamente de la opinión de la jueza Tania Irún, sino que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

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